21 de octubre de 2009
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA LEY DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
SAN JUAN--La Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico invita a todos los puertorriqueños a manifestarse en contra de la Ley 29 APP, mañana jueves 22 de octubre a las 10 de la mañana frente al hotel El Conquistador en Fajardo, donde el Gobierno de Luis Fortuño estará celebrando la Conferencia de las Alianzas Público Privadas. Esta Conferencia tiene como objetivo entregar y vender los bienes del pueblo de Puerto Rico a empresarios privilegiados del patio y de Estados Unidos.
Recordemos que el propósito la Ley de las Alianzas Público Privadas es darle el control total a la empresa privada de todo lo que el Gobierno se quiera deshacer y apuesta a que en esta actual crisis fiscal la empresa privada puede genera mayor capacidad económica. La Ley incluso elimina que el Gobierno reglamente, supervise y revise las actuaciones del sector privado, escenario ideal para la corrupción, para el saqueo del país, la pérdida de derechos fundamentales adquiridos, para agudizar el desempleo, aumento del subempleo, desmantelamiento del sector público y el deterioro de servicios esenciales para los ciudadanos.
La lista de lo que quieren vender, según la Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, es larga e incluye, entre otros bienes y agencias públicas, las siguientes:
1. Escuelas
2. Cárceles
3. Hospitales públicos, centros de salud y áreas relacionadas, tales como los servicios de emergencias médicas, ASEM y Salud Correccional
4. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los lagos construidos
5. La Autoridad de Energía Eléctrica
6. La Autoridad Metropolitana de Autobuses
7. Las carreteras
8. Los puertos y aeropuertos
9. Los balnearios y centros vacacionales públicos
10. Los centros culturales
11. Las instalaciones deportivas
12. OMEP
De perpetrarse el plan de venta de Fortuño, agudizará la crisis actual y las consecuencias serán: cientos o miles de empleados públicos despedidos adicionales a los más de 24,000 anunciados; el encarecimiento y deterioro de los servicios públicos, pues la empresa privada funciona a base del lucro y la Ley 29 le permite determinar la tarifa de los servicios; anulación de los derechos adquiridos por los trabajadores; golpe a la participación ciudadana y comunitaria; una crisis mayor en los recaudos de Hacienda, ya que la Ley 29 dispone un pago menor de contribuciones a las empresas privadas que adquieran los bienes públicos.
